El dilema de Ortega

Carlos F. Chamorro
El Nuevo Diario, Nicaragua

Como todas las decisiones que adopta la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que tienen implicaciones políticas, la última palabra sobre si inhiben o no a última hora a los candidatos de la Alianza PLI, no recae sobre los magistrados sino que está en manos del Presidente y candidato a la reelección Daniel Ortega. Se trata de una decisión política, no jurídica, y en un país donde no existe el estado de derecho, el gobernante autoritario es quien sopesa los costos o las ventajas políticas que le podría traer una decisión de este calibre.

Así ocurrió con la sentencia que le abrió el camino atropelladamente a la reelección, aquella truculenta conspiración en la que se decretó “inconstitucional” la Constitución de la República, reformando por las vías de hecho el artículo 147 Cn. Entonces Ortega sabía los riesgos en que incurría y los costos políticos que representaba semejante aberración jurídica. Pero no le tembló el pulso a la hora de someter a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Supremo electoral a un desgaste extremo, en aras de su reelección.

El siguiente paso en su estrategia fue intentar recuperar la legitimidad perdida. A regañadientes, se acreditó a las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea a participar como “acompañantes”, en condiciones a las que no quiso someterse el Centro Carter. Y eso es precisamente lo que está en juego en el caso de las inhibiciones: la observación electoral internacional. De la decisión que adopte Ortega dependerá que se mantengan o desaparezcan las condiciones mínimas para la observación electoral internacional, que es lo único que podría darle alguna credibilidad internacional al resultado electoral de un proceso que ha estado plagado de ilegalidades desde el inicio.

El Libro Blanco que ya está preparado sobre las irregularidades del proceso electoral ha sido ampliamente documentado desde mucho antes de la elección del seis de noviembre. Empezando por la candidatura ilegal de Ortega; la invitación tardía a la OEA y la Unión Europea a observar; el bloqueo arbitrario a las organizaciones nacionales como Etica y Transparencia, IPADE y Hagamos Democracia; las evidencias sobre la cedulación partidaria y los obstáculos a la población para obtener su documento de identidad; el control absoluto que el FSLN ejerce sobre el Consejo Supremo Electoral y todas sus estructuras, hasta las propias Juntas Receptoras de Votos; al abuso con los recursos del estado y la propaganda partidaria en las instituciones públicas; las violaciones a la ley electoral a la vista y paciencia de un Fiscal Electoral que merece un monumento al cinismo político; pero si por encima de todo esto se impusiera ahora un zarpazo para descabezar a la alianza política que ocupa el segundo lugar en todas las encuestas, es de suponerse que en esas circunstancias, ya no tendría ningún sentido la observación electoral internacional.

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